Mexico cuenta con fortalezas normativas para prevenir la corrupción y promover la integridad pública, aunque persisten retos para llevar algunas de esas reglas a la práctica.
Así lo muestran las Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), que evalúan, entre otros aspectos, conflictos de intereses, financiamiento político, acceso a la información, cabildeo e integridad de las fiscalías.
Fortalezas por encima del promedio
En conflictos de intereses, Mexico cumple 89 % de los criterios normativos y 56 % de los prácticos, frente a promedios de 80 % y 45 %, respectivamente, entre los países de la OECD.
La Constitución obliga a las personas servidoras públicas a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones por incumplimiento.
Otra fortaleza es el financiamiento político. México cumple 100% de los criterios normativos y 71% de los prácticos, frente a promedios de 76% y 58%. La legislación establece límites a las contribuciones y gastos de campaña y prohíbe las donaciones anónimas y las aportaciones extranjeras. El Instituto Nacional Electoral es responsable de aplicar los controles.
En acceso a la información pública, Mexico cumple 78% de los criterios normativos y 62% de los prácticos. Los promedios de la OECD son 72% y 62%, respectivamente.
Los pendientes
El panorama cambia en otras áreas. En integridad de las fiscalías, México alcanza 55% de los criterios normativos y 47% de los prácticos, por debajo de los promedios de la OECD, de 66% y 52%.
El cabildeo también presenta rezagos: el país cumple 40 % de los criterios normativos y 22 % de los prácticos, frente a 43% y 38% de la OCDE. Además, no existe una institución responsable de supervisar de manera general estas actividades.
La diferencia entre normas y aplicación también aparece en el marco estratégico anticorrupción: México cumple 80% de los criterios sobre su solidez normativa, frente a un promedio de 38%, pero alcanza 20% en los criterios prácticos, por debajo del 32% de la OCDE.
El diagnóstico muestra así dos caras de la política de integridad en México: existen bases legales e institucionales relevantes, pero el desafío está en convertirlas en prácticas efectivas, fortalecer la supervisión y cerrar las brechas de implementación.
Source: OECD
