Tras casi dos décadas de negociaciones, el pasado 16 de enero entró en vigor el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), por sus siglas en inglés), también conocido como tratado de alta mar, un instrumento jurídicamente vinculante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino.
El acuerdo regula las zonas del océano que no pertenecen a ningún país y el área internacional de los fondos marinos. Estas regiones representan más de dos tercios de la superficie oceánica del planeta y más del 90% del hábitat de la Tierra en volumen, debido a la profundidad de los océanos y a la enorme biodiversidad que albergan.
México se encuentra entre los países que han firmado el tratado, junto con otras naciones como China, Alemania, Francia, Japón y Brasil, lo que lo coloca dentro de los esfuerzos multilaterales para fortalecer la gobernanza oceánica y avanzar en la protección de los ecosistemas marinos más allá de las fronteras nacionales.
¿Por qué es clave el tratado de alta mar para el futuro de los océanos?
El tratado de alta mar tiene como objetivo transformar la gestión de los océanos internacionales, promoviendo su uso sostenible en beneficio de toda la humanidad.
Entre sus principales acciones contempla la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, la evaluación obligatoria del impacto ambiental de actividades humanas, el acceso justo a los recursos genéticos marinos y el fortalecimiento de la cooperación científica y la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo.
Además, es el primer instrumento oceánico jurídicamente vinculante que incorpora una gobernanza inclusiva, con disposiciones sobre la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, así como un enfoque de igualdad de género.
Se espera que su implementación contribuya a enfrentar la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
¿Qué cambia con la entrada en vigor del acuerdo?
Con la entrada en vigor —120 días después de que al menos 60 países lo ratificaran— el acuerdo se vuelve legalmente obligatorio para más de 80 Estados, que deberán integrarlo a sus legislaciones nacionales. Esto implica que las actividades en alta mar estarán sujetas a mayor control y rendición de cuentas.
Aunque países como Estados Unidos, India, Reino Unido y Rusia aún no lo han ratificado, el tratado marca un avance histórico. La puerta permanece abierta para que más naciones se sumen y refuercen su efectividad.
La primera reunión oficial para evaluar su implementación y el nivel de cumplimiento está prevista a más tardar un año después de su entrada en vigor, un paso clave para asegurar que este acuerdo se traduzca en acciones concretas para la protección de los océanos.
Fuente: ONU
